Los gobiernos imponen exigencias rigurosas a las entidades privadas para que proporcionen contabilidad en valores devengados, incluido un balance auditado que muestre todos los activos y pasivos financieros y reales que definen el patrimonio neto convencional. Sin embargo, sus propios balances rara vez cumplen con los mismos estándares, lo que socava la gobernanza y la gestión económicas.
NUEVA YORK – En un Estado-nación moderno típico, el sector público representa una proporción mayor de la actividad económica que cualquier otro actor económico. En 2021, el gasto primario del gobierno general de los estados miembros del G7 osciló entre el 39,41% del PIB en Estados Unidos y el 57,66% del PIB en Francia. Las economías de mercados emergentes exitosas –como la India (24,93% del PIB) y la República Popular China (31,8% del PIB)– seguirán el mismo patrón. En vista de ello, una contabilidad del sector público confiable y transparente es esencial para una gobernanza y gestión económicas adecuadas.
Los gobiernos imponen exigencias rigurosas a las entidades privadas para que proporcionen contabilidad en valores devengados, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP). Esto incluye la producción de un balance auditado, que incluye todos los activos y pasivos financieros y reales que definen el patrimonio neto convencional.
Se podría suponer que los gobiernos se someten a normas similares, adhiriendo, por ejemplo, a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (la opción obvia). Pero la mayoría de los gobiernos están muy por debajo de estos estándares, y sólo Nueva Zelanda utiliza las IPSAS como base para su sistema de gestión financiera.
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