ECONOMÍA

La Amazonía necesita el Estado de derecho, no el Estado de la motosierra

Centro de políticas para el nuevo sur

En abril de 2007, en mi primer día como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC, recibí una visita informal de Thomas E. Lovejoy, un célebre científico ambiental estadounidense que murió el año pasado. Me habló de un «punto de retorno» en la deforestación en el Amazonas, más allá del cual las consecuencias serían irreversibles. Le interesaba saber cómo el BID podría ayudar en la lucha contra la deforestación.

Thomas y el ambientalista brasileño Carlos Nobre, profesor de la Universidad de São Paulo (USP), sugirieron un nivel de entre 20% y 25% de deforestación y degradación combinadas como tal un punto de inflexión para el este, sur y centro de la Amazonía.

En el origen de la deforestación hay un problema de lo que los economistas llaman «incentivos microeconómicos», es decir, los costos y beneficios (ponderados por riesgo) para los perpetradores. Evitar daños forestales significa actuar según este cálculo.

Los costos de los daños forestales son sencillos. Los bosques son grandes sumideros de carbono y su destrucción en el mundo hoy es responsable del 7% de las emisiones globales de carbono, con las correspondientes consecuencias para el clima. Además, los bosques tropicales preservan la biodiversidad y ayudan a regular los ciclos del agua, los cuales se perderán si el bosque no permanece en pie. Además, hay que considerar la peculiaridad del Amazonas en relación con otros bosques tropicales: es decir, en lugar de ir a los océanos, sus lluvias llegan a las montañas de los Andes y descienden para beneficiar la agricultura en el sur de la región. Eso se perdería con una deforestación total del Amazonas.

El problema es que esos costos son soportados por el país, la región y la humanidad en general, mientras que los beneficios económicos, incluso si son insignificantes e insignificantes en relación con los costos, son captados individualmente por quienes participan en la deforestación. Existe lo que los economistas llaman una falla del mercado, con resultados nefastos si se deja que el mercado funcione por sí solo.

Una posible solución es que otros compensen al deforestador por no talar el bosque. Además de la adopción de estándares adecuados por parte de las empresas forestales, existen créditos de carbono que pueden ser adquiridos por otras empresas mediante pagos para evitar la deforestación. Sin embargo, son necesarias responsabilidades legales bien definidas y un seguimiento del cumplimiento de dichos acuerdos.

En la reunión COP27 de noviembre de 2022, Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo, los países con los bosques tropicales más grandes del mundo, firmaron un acuerdo comprometiéndose a luchar contra la deforestación, con la ayuda de otros países proporcionando financiación. Los países más ricos ya han prometido transferir 100.000 millones de dólares al año como financiación climática a los países más pobres y, como reforzó el presidente Lula de Brasil, la protección de los bosques tropicales puede incluirse en el paquete.

Estrictamente hablando, las leyes y su aplicación son esenciales para sopesar el cálculo de costo-beneficio desde el punto de vista del deforestador a favor de la no deforestación. Como se señala en un artículo de El economista (27 de febrero de 2023), El mayor obstáculo para salvar los bosques tropicales es la ilegalidad.«.

La aplicación de la ley incluye la demarcación legal y efectiva de las propiedades privadas que deben conservarse. Esto es importante para definir quién debe ser compensado, así como castigado, si no se cumplen las normas legales de conservación. Según el código forestal brasileño, las propiedades rurales en la Amazonía Legal deben mantener una reserva de vegetación nativa del 80% del área total. un estudio de João Paulo Mastrangelo y Alexandre Gori Maia de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) mostró evidencia de que cuando no hay reclamos superpuestos sobre tierras brasileñas, es menos probable que sean deforestadas y utilizadas de manera ilegal.

Sin embargo, no basta con que se aprueben los proyectos de ley. Para que los deforestadores los tengan en cuenta en sus cálculos, la aplicación de la ley debe ser efectiva. El cálculo de costo-beneficio ajustado por riesgo favorece el cumplimiento de la ley sólo cuando, en caso de desobediencia, la probabilidad de captura y castigo significativo es suficientemente alta. Esto se aplica a todos los usos ilegales de áreas forestales, como la minería, la tala y el acaparamiento de tierras en áreas prohibidas.

Los desafíos de implementación legal en la Amazonía, como en otros grandes bosques tropicales, son evidentes, tanto en el monitoreo como en la movilización de fuerzas suficientes contra la ilegalidad. La geografía y el hecho de que es una zona de frontera económica, sin huellas estatales integrales, hacen que el Estado de derecho sea más difícil de aplicar en la Amazonia.

Por esta misma razón, las inversiones gubernamentales en el aparato policial son importantes. No casualmente, la deforestación y el uso ilegal de áreas forestales aumentaron en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, cuando ese aparato estaba debilitado. Por el contrario, cayeron en los mandatos anteriores de Lula (2003-2010), cuando aumentó la contratación de agentes ambientales y el uso de satélites para monitorear la deforestación. Al inicio del tercer gobierno de Lula, los signos apuntan hacia el restablecimiento de ese aparato.

Dos puntos para concluir. Primero, como dice el título de un informe de la Red Amazónica de Información Georreferenciada Socioambiental (RAISG), elaborado en conjunto con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y Stand.earth, es una carrera de la “Amazon contra el reloj”. La carrera ya está parcialmente perdida, en caso de que se haga realidad el temor de Carlos Nobre, descrito en un artículo de Alex Cuadros en el New York Times-que el “máquina de lluvia” ya se está desacelerando. Según Carlos, las sequías solían ocurrir una vez cada dos décadas, con una megasequía cada siglo o dos, mientras que desde 1998 han ocurrido cinco sequías, dos de las cuales fueron extremas.

En segundo lugar, como se analiza en una próxima reunión del Banco Mundial informe sobre el amazonas, las privaciones sociales coinciden con una gran deforestación en la Amazonía Legal de Brasil. La reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible requieren que la protección de la riqueza natural de la región vaya de la mano con el cambio de un modelo de crecimiento extractivo a un modelo de crecimiento orientado a la productividad.

Otaviano Canuto, radicado en Washington, DC, es investigador principal del Centro de políticas para el nuevo sur, profesor titular de asuntos internacionales en la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales – Universidad George Washington, un miembro senior no residente en Institución Brookings, a profesor afiliado de la UM6P, y director de la Centro de Macroeconomía y Desarrollo. Es ex vicepresidente y ex director ejecutivo del Banco Mundial, ex director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y ex vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. También fue viceministro de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas de Brasil y ex profesor de economía en la Universidad de São Paulo y la Universidad de Campinas, Brasil.


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