El reciente acuerdo de rescate entre el Fondo Monetario Internacional y Sri Lanka no aborda los problemas estructurales de la economía. En cambio, se centra en medidas altamente regresivas que afectan desproporcionadamente a los trabajadores pobres y que probablemente exacerben el actual problema de deuda del país.
COLOMBO – Más de un año después de que el movimiento de protesta masiva conocido como Aragalaya derrocara al Presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, y a su hermano, el Primer Ministro Mahinda Rajapaksa, los habitantes de Sri Lanka han vuelto a salir a las calles.
El impulso para el resurgimiento del descontento público es el reciente acuerdo de rescate entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno del presidente Ranil Wickremesinghe. El acuerdo, cuyo objetivo es abordar la actual crisis de balanza de pagos del país, ofrece a Sri Lanka menos de 3.000 millones de dólares en cuatro años: una pequeña fracción de lo que el país necesita para cumplir con sus requisitos de servicio de la deuda y sólo una sexta parte de su ingresos en divisas, que ascendieron a aproximadamente 18 mil millones de dólares en 2022.
A cambio de este préstamo de emergencia, el FMI impuso una serie de condiciones que han exacerbado significativamente las crisis salariales y del costo de vida de Sri Lanka. El cambio obligatorio hacia tipos de cambio de mercado, en particular, condujo inmediatamente a una fuerte devaluación de la moneda, lo que provocó que los precios de los combustibles y alimentos importados se dispararan y contribuyó a un aumento del 165% en las tarifas eléctricas entre junio de 2022 y febrero de 2023.
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