Seguidamente, el segundo bloque deviene de las potenciales oportunidades en materia de lucha contra la morosidad que la norma pueda traer. Cierto es que la trazabilidad en los datos conlleva un mayor control de fechas, plazos y vencimientos, pero habrá que estar atentos si será suficiente para reducir los plazos de pago, habida cuenta de que el ‘retraso deliberado’ en el pago no es una consecuencia de ineficiencia administrativa, sino de mala práctica en algunas compañías.
Un estímulo para el desarrollo de plataformas tecnológicas
Por su parte, en el plano de las oportunidades de negocio, cabe señalar al sector financiero. Un proceso de factura electrónica y la seguridad del dato que conlleva debe ser un estímulo inequívoco para el desarrollo tecnológico de plataformas donde enlazar una factura emitida directamente a entornos de confirmación, factorización, etc. sea un proceso mucho más rápido, ágil y económico.
En línea con lo que antecede, dar respuesta al pequeño empresario puede transformarse en una oportunidad en los casos en los que la gestión digital de su negocio queda lejos de su centro formativo y necesite aliados que le ayuden de forma activa en las obligaciones de su actividad empresarial. Tradicionalmente, se trata de un entorno donde la facturación de clientes queda en manos del empresario y se realiza a menudo con una diligencia deficiente. En este sentido, existe por tanto una oportunidad para ayudar de forma activa en esa parte critica del proceso.
¿Lucha contra la morosidad y el fraude?
Desde una perspectiva macro, nadie duda de que, al igual que ha ocurrido con la normativa del IVA en relación con el Suministro Inmediato de Informaciónla comunidad empresarial avanzará e integrará las nuevas obligaciones contando con los socios adecuados. Sin embargo, genera una mayor incertidumbre vislumbrar si la morosidad y la lucha contra el fraude van a verse reducidas. Para ello, es necesario que las autoridades competentes centren el análisis de la ingente cantidad de datos que van a disponer en este aspecto.
Toda norma necesita de un régimen sancionador para que surta efecto, pero la profusión de sanciones formales producidas en aplicación del régimen sancionador del SII hace temer una tendencia a penalizar la equivocación, el fallo, error u omisión de quien suele hacer las cosas bien.
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