Hasta ahora, las reglas del juego en relación al reporte de información no financiera las marcaba la ley 11/2018, que se publicó un 28 de diciembre. A partir de la publicación de la nueva regulación en materia de reporte de sostenibilidad que proviene de una directiva europea, la famosa CSRD, estas reglas han cambiado. Hemos pasado a otra liga.
Esta nueva regulación trae de cabeza a todas las direcciones de sostenibilidad que requieren de apoyos externos porque literalmente no “llegan” a todo. Adicionalmente, las responsabilidades al respecto son discrecionales en cada organización, fluctuando en un difícil equilibrio entre los responsables de sostenibilidad, los financieros y auditoría internaen su rol de asesor de confianza, cuando la dirección financiera no “coge” el testigo y la dirección sostenible requiere de un apoyo en el arte del riesgo y el control.
Evolucionar desde el aseguramiento limitado al razonable
Y en medio de esas ocupaciones, hay un aspecto nada desdeñable que supone un gran esfuerzo en tiempo y recursos que es preparar a esas compañías para poder enfrentarse a un aseguramiento limitado sobre la información reportada y que muy probablemente en un par de años pase a ser razonable. Para los profanos en la materia, asegurar significa que un tercero emita una opinión sobre el control interno de esa información para comprobar que es efectivo y que, por tanto, esa información refleja la imagen fiel de la información reportada.