Una vez cerrado el acuerdo entre el PSOE y Junts para que estos últimos apoyen a Pedro Sánchez como el próximo presidente del Gobierno de España, las negociaciones entre el PNV y los socialistas se han intensificado. Más aún cuando se baraja la próxima semana para la citada investidura. La formación gobernante reclama la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a cambio de sus cinco votos.
La premura de las fechas para investir a Sánchez hace que el partido que dirige Andoni Ortúzar acelere su proceso negociador, que pivota sobre la base del cumplimiento íntegro e inminente del Estatuto de Gernikaque lleva varias décadas de retraso. Un cumplimiento íntegro en el que, tras el acuerdo con los catalanes, cobra especial peso e importancia una demanda histórica y siempre aplazada en ese calendario de transferencias a Euskadi: la gestión del régimen ecónomico de la Seguridad Social.
Según fuentes cercanas a estas negociaciones, el PNV exige un compromiso y garantía real de que este traspaso se va abordar en el corto medio-plazo. Y esta exigencia parece inamovible, teniendo en cuenta las contraprestaciones logradas por Junts en cuanto a la financiación autonómica y a la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña.
El Gobierno de España ya adoptó en 2020 un compromiso público para completar y cumplir con el autogobierno vascoque finalmente no se realizó.
A principios de esta semana, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, hizo referencia a este traspaso del régimen económico de la Seguridad Social. Y como dice el refrán, «cuando el río suena, agua lleva».
«El régimen económico de la Seguridad Social debe ser una competencia del País Vasco, según el Estatuto, pero esa cuestión todavía no se ha resuelto. Nosotros siempre hemos defendido que disponer del conjunto de políticas del ámbito social, pensiones, ayudas sociales, etc. permitiría hacerlo de una manera más global, estratégica y racional». Azpiazu apeló a dar una salida efectiva a la cuestión.
Ruptura de la ‘caja única’
El principal obstáculo para realizar el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi es la polémica suscitada sobre la ruptura de la ‘caja única’. Tal y como se ha explicado desde las instituciones vascas en repetidas ocasiones, «el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (SS) a Euskadi, no es la transferencia de la Seguridad Social«.
En definitiva, según explican, no se trata de tener una Seguridad Social propia, autónoma e independiente. Solo consiste en lograr los medios económicos, materiales y personales del sistema, -como recoge el Estatuto vasco-, «pero sin cuestionarse la unidad del mismo«. Junto a ello, el Gobierno autonómico tendría control sobre asuntos como las sanciones, inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de los trabajadores, junto a la gestión y control de las cotizaciones, la recaudación de cuotas y los procesos de ingreso.
Cuando se produjo el traspaso del IMV (Ingreso Mínimo Vital) a Euskadi en marzo de 2022, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi aseguró, que «ha quedado demostrado que es posible profundizar en la descentralización de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, sin romper nada».
Lo cierto es que además del traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, quedan una veintena de transferencias pendientes, de las establecidas en el calendario acordado entre ambos Ejecutivos central y vasco en 2020.
Precisamente, desde el acuerdo sobre el Ingreso Mínimo, no ha habido avances pese a que el Gobierno de España ha recibido propuestas detalladas de traspasos en materias como meteorología, gestión del litoral, fondo de apoyo a la cinematografía e inmigración, así como la del transporte ferroviario.