La formación del nuevo Gobierno y el reparto de carteras deja cambios de cromos y nuevas caras. Uno de los cambios más sorprendentes es el del ministerio de Seguridad Social y Políticas Migratorias que dirigirá Elma Saiz Delgado (Pamplona, 1975)política del PSN. Saiz es una experta fiscal y tributaria que ha hecho carrera durante las últimas décadas en la Comunidad Foral, pero que es un perfil desconocido a nivel nacional y dentro del sector de las pensiones. «Es la primera vez que oigo su nombre», apuntan históricos miembros del Pacto de Toledo. Afronta al menos dos grantes retos como la herencia de la legislatura de José Luis Escrivá: la revisión de la reforma de pensiones dentro de año y medio bajo la lupa de la Comisión Europea, y el desafío vasco de traspasar la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco.
Saiz, separada y con dos hijos, moverá su vida a Madrid para asumir el liderazgo de una cartera con enorme peso político y económico. Es licenciada en Derecho y Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarray además ha sido docente de máster en Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable en la Universidad Pública de Navarra. Antes de entrar en política fue socia-directora de IMEL, firma especializada en la consultoría tributaria tributaria y asesoramiento jurídico a empresas y particulares.
Ellos son comparativa con Escrivá no puede ser más evidente: el albaceteño llegó, en 2020, con una trayectoria admirable y un perfil técnico contrastado tras experiencias en el Banco de España, el Banco Central Europeo, BBVA y la presidencia fundadora de la AIReF. Fue el ministro elegido para el mayor proceso reformista de la cartera en una década y la necesidad de pactar con la Comisión Europea.
Al menos desde 2003 lleva ligada al Partido Socialista de Navarra, cuando arrancó su carrera como parlamentaria. Posteriormente, ha sido delegada del Gobierno navarro (2008-2012), consejera de Economía y Hacienda nombrada por María Chivita en la pasada legislatura y candidata a la alcaldía de Pamplona este verano. Viene escudada por la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Chivite, y por el número tres del PSOE, Santos Cerdán.
La navarra asume una cartera de enorme importancia con varios retos y prevé ser continuista con la hoja de ruta marcada por Escrivá. Aunque no será una legislatura con grandes reformas previstas tras la reciente abordada por el saliente ministro Escrivá (a Transformación Digital, antes dependiente de Calviño en Economía), no prevé ser una legislatura sin faena. Dos grandes puntos se esperan en los próximos años.
La reforma de pensiones incluye una cláusula por la que se revisará la evolución del gasto en pensiones cada tres años -la primera, en 2025- restando los nuevos ingresos generados por las medidas, de tal forma que si el desembolso supera el 13,3% del PIB habría que realizar ajustes por la vía de nuevos ingresos, recorte del gasto o una combinación de ambas en consenso con los agentes sociales y el Pacto de Toledo. En última instancia, Bruselas impondría una nueva subida de cotizaciones que pondría de perfil a sindicatos y encendería a los empresarios. Instituciones como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya avanzan nuevos ajustes en 2025.
Otro gran reto será la delicada negociación política con el PNV y los agentes sociales por el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, una histórica demanda de la región recogida en el Estatuto de Guernica. Sin embargo, es una decisión compleja de formular y que choca con el principio de solidaridad y de ‘caja única’ de la Seguridad Social: el coste de las pensiones, su deuda y déficit se reparte entre las regiones más ricas y más pobres. Aunque la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, dijo que «será difícil» llevar a cabo la transferencia, está por ver hasta donde tensarán la cuerda las formaciones vascas.