La Ley de Amnistía y las injerencias en el ámbito judicial que suponen los pactos de investidura están muy lejos de constituir un problema exclusivamente político. También tendrán repercusión en un aspecto delicado e intangible, pero muy relevante para los inversores y los mercados, como es la confianza inversora.
De hecho, los expertos consultados por elEconomista.es ponen de manifiesto la posibilidad de que las principales agencias de calificación crediticia tomen nota del crecimiento de la inestabilidad política, y en paralelo de la inseguridad jurídica en futuras revisiones sobre el rating de la deuda emitida por el Reino de España. Un escenario de ese tipo fue expresamente anticipado a última hora de ayer por uno de esos organismos, Moody’s, que ya otorga a nuestro país una nota de Baa1.
«El riesgo de consecuencias negativas en la calificación crediticia es real«, según asevera el socio del despacho Bernal & Sanz Bujanda, Miguel Ángel Bernal. A su juicio, España afronta un momento especialmente propicio para ese tipo de deterioro, no solo por sus problemas internos, sino también «por el hecho de que también Italia se mueve en el alambre en este sentido». Así, no sería raro un efecto contagio que afecte al conjunto del sur de Europa, como el que se vio en la crisis de deuda pública de 2011-2012.
Ante ese horizonte, Bernal resalta que «una caída del clasificación sería muy perjudicial, ya que se asumiría un coste mayor por la financiación, podría llevar a frenar la demanda de nuestra deuda y además supondría el encarecimiento para la financiación pública».
Ése es un escenario propio de un «Estado y una economía fallidas», precisamente el destino «al que España se encamina», según el presidente de Freemarket Corporative Intelligence. Lorenzo Bernaldo de Quirós argumenta que «el marco institucional es la variable fundamental para explicar el crecimiento económico de los países a largo plazo. A ello se ha de unir una política de estabilidad macroeconómica».
‘Frankenstein 2’
Y añade que «en España no existe a día de hoy ninguno de esos dos requisitos. Se fueron erosionando de manera clara en la pasada Legislatura y a la vista de los acuerdos del Gobierno con sus socios esa dinámica se acentuará durante el Ejecutivo Frankenstein 2. La combinación de un Estado de Derecho sólido y de libertad de empresa son básicas para generar riqueza y prosperidad para todos. Ambos están en serio riesgo de supervivencia en España. En este contexto, los incentivos a trabajar, ahorrar e invertir desaparecen».
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich prolonga ese razonamiento diciendo que «la estabilidad institucional y evitar tensionar la sociedad es un valor económico a nivel interno y especialmente a escala internacional«. Pich añade que «la previsibilidad y tranquilidad es un factor económico de primer nivel. En resumen, «en los diarios internacionales, o no hay que salir, o hay que hacerlo en positivo» para evitar que se produzcan decisiones como la que amenaza con degradar la calidad crediticia del conjunto de España.
El impacto, no obstante, puede ser variable dentro de un mismo país según el territorio que se considere. «Sin duda, habrá menores incentivos a invertir en determinadas zonas si se generalizan las amenazas y presiones para la vuelta de las sedes corporativas de las empresas que se marcharon desde 2017 de Cataluña«, tercia el economista e investigador de la Fundación de Estudios Financieros, Javier Santacruz. «Es la región que concentra una buena parte de la entrada de inversión extranjera a España, con lo cual el efecto es muy importante», aclara.
La visión catalana
En consecuencia, conocer el punto de vista catalán resulta especialmente importante. Desde círculos empresariales de esa comunidad autónoma, que prefieren conservar el anonimato, inciden en la importancia de la estabilidad política y la seguridad jurídica para el desarrollo económico, y recuerdan el ejemplo de que la ausencia de estos dos factores fueron determinantes en los traslados de sedes sociales fuera de Cataluña en 2017. «Se necesitan ese tipo de factores para generar la confianza que requiere el dinamismo económico», indican.
Más en concreto, un empresario del sector inmobiliario catalán hace hincapié en la incertidumbre que se genera cuando las políticas públicas chocan con los límites de la legalidad y se produce una judicialización que impide tener visibilidad sobre el futuro y planificar la estrategia empresarial porque las compañías no saben qué marco normativo prevalecerá.
La cautela ante la evolución económica futura predomina incluso entre los expertos que se esfuerzan por evitar todo alarmismo en cuanto a las turbulencias que amenazan a la recién comenzada legislatura.
Así, «aun cuando conforme están las cosas el impacto no tiene por qué ser muy significativo», Antoni Cunyat, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), cree que «hay que esperar a ver cómo evolucionarán las cosas en los próximos años». «Cualquier inestabilidad política no ayuda al terreno económico«, explica Cuñado.
Hay, sin duda, vías para evitar el deterioro. José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea señala una de ellas: «Si se profundiza en la línea del diálogo social entre empresarios y trabajadores que alumbró la reforma laboral es probable que la formación del nuevo gobierno pueda ser un paso hacia una mayor cohesión social y territorialsiempre y cuando prevalezca el diálogo constructivo sobre las tensiones partidistas».
El problema, no obstante, del deterioro institucional español tiene ya un largo recorrido que las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez solamente han ahondado.
Fuentes de una muy importante entidad financiera recuerdan que, «según las métricas que recopilan diversos institutos (Legatum, Frazer, Banco Mundial o Wurztburg), España tiene una calidad institucional medida a través de índices de prosperidad, percepción de la corrupción, calidad democráticaefectividad gubernamental y libertad económica) que es mas de 10 puntos inferior a la media de los 8 países más desarrollados de Europa. Eso es algo que pesa sobre las decisiones de inversión en el país».
«Consideramos que todo lo que suponga una erosión de las instituciones y separación de poderes, así como de la seguridad jurídica de los pasivos será percibido como mayor deterioro de esta calidad institucional y buen hacer para los negocios y la inversión«, explica esa misma fuente, añadiendo que «si supusiese algún tipo de perjuicio de estas variables antes mencionadas sí podría llegar a pesar en la inversión».
Volviendo de nuevo al caso particular de Cataluña, el deterioro en términos de confianza inversora ha alcanzado ya unas cotas preocupantes.
Malas ratios años después
Pese a los años transcurridos desde los momentos más dramáticos del procés, «la provincia de Barcelona continúa siendo aquélla que cuenta con peor proporción de España en cuanto a las empresas que sitúan en ese territorio su sede y las que se marchan«, de acuerdo con los datos que maneja el consejero editorial de elEconomista.es, Fernando P. Méndez.
También desde Cataluña, Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la UPF, bosqueja un panorama político endiablado para los próximos años «si pasada la investidura el PSOE se enroca al no atender ninguna de las propuestas, ni valorar las oportunidades (en su caso), quizás contentará así su parroquia más reacia ahora a los cambios, pero sería una nueva tomadura de pelo a muchos catalanes que en pleno ejercicio de derechos políticos, podría salir, de nuevo, muy cara».
La inestabilidad política no solo actúa en el plano exterior ahuyentando a los inversores. En paralelo tiene también consecuencias en el intercambio de bienes y servicios con otras economías. De acuerdo con el Club de Exportadores, debe considerarse «el negativo impacto sobre el sector exportador de los planes anunciados por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, al incrementar los costes laborales, sociales y fiscales. Las medidas anunciadas pueden suponer un descenso de la productividad de la economía española, que ya lleva muchos años estancada».
La organización recomienda así «adoptar medidas que aporten certidumbre a la economía española e incentiven el aumento de la base exportadora y la captación de inversión, para evitar la pérdida de competitividad de nuestro sector exterior», lo que ahondaría la ralentización del PIB español.
Volviendo a los efectos negativos en clave de economía doméstica, Santacruz prevé «una presión fiscal que irá en aumento para cubrir los costes de lo pactado, especialmente la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco (en tanto en cuanto lo que harán será bonificar cotizaciones a las empresas vascas y dar complementos a pensiones, que provocan más déficit y, por tanto, mayor necesidad de ingresos vía subida de cotizaciones)».
Miguel Ángel Bernal se preocupa de que se «dé lugar a una deslocalización de las empresas españolas a otros destinos. Ya tenemos un caso reciente Ferrovial y un aviso de Repsol«. «Eso no es bueno para la economía, mucho menos para el empleo, nuestra china en el zapato, debido al paro, la precariedad y los bajos salarios que todavía caracterizan al mercado laboral en su situación actual».
Vigilancia de Europa
A este respecto, «hay reformas, como la laboral y otras, que podrían ser cuestionadas por la Comisión Europea«. «Esa situación nos llevaría no solo a congelar la llegada de los fondos comprometidos y pendientes de desembolso, sino incluso a devolver los recursos ya recibidos. Semejante horizonte sería tremendo para nuestro país», concluye.
El modo de evitar el callejón sin salida, de acuerdo con José Manuel Corrales pasa por «un diálogo constructivo entre el PSOE y el PP para fortalecer la estabilidad institucional y económica. La colaboración entre los dos partidos mayoritarios podría propiciar acuerdos fundamentales para abordar desafíos cruciales, como la recuperación económica y la crisis provocada por la guerra de Ucrania y la más reciente en Gaza. Un entendimiento bipartidista contribuiría a la implementación de políticas consensuadas, brindando certidumbre a los mercados y generando confianza tanto a nivel nacional como internacional.
Artículo elaborado por José Miguel Arcos, Estela López, Carlos Asensio, Juan Ignacio Álvarez y Alfonso Bello Huidobro.